El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití publicó un calendario que fija el 13 de diciembre de 2026 para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como un referendo para enmendar la Constitución; la segunda vuelta y las elecciones territoriales están programadas para el 21 de febrero de 2027.
Las autoridades aclararon que la celebración de los comicios está condicionada a la existencia de un “ambiente de seguridad aceptable” y a la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para organizar el proceso en todo el país.
Haití no celebra elecciones generales desde 2016; la inestabilidad aumentó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la expansión de grupos armados que controlan amplias zonas del territorio, especialmente en la capital.
El nuevo calendario incluye plazos clave para la organización administrativa del proceso y prevé la publicación de resultados definitivos en una fecha posterior, si se cumplen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
Contexto y obstáculos para celebrar los comicios
Expertos y organismos internacionales han advertido que la violencia de pandillas y la falta de control del Estado en amplias zonas representan un riesgo para la integridad del proceso electoral. Las autoridades han señalado que el cronograma podría ajustarse si la situación de seguridad no mejora.
El gobierno ha manifestado su disposición a acompañar el proceso, mientras que la comunidad internacional y organismos regionales han ofrecido apoyo logístico y financiero, aunque gran parte de la implementación dependerá de acuerdos y recursos adicionales.
Qué sigue
Los próximos pasos incluyen la publicación de los listados electorales y el registro de candidaturas conforme al calendario del CEP, además de medidas para intentar asegurar el despliegue de fuerzas y el acceso a zonas afectadas por la violencia. Si las condiciones se mantienen, el país avanzaría hacia sus primeras elecciones generales en una década.
Las autoridades han pedido a la población y a los actores políticos prudencia y cooperación para facilitar un proceso que restaure la representación democrática en el país, siempre que se garanticen condiciones mínimas de seguridad y transparencia.